El Tribunal Permanente de los Pueblos juzga moralmente a cinco empresas españolas por violación de los derechos humanos en América Latina.
El Tribunal Permanente de los pueblo busca ejercer un 'poder moral' para 'alertar a la opinión pública y contribuir a la constitución del derecho internacional' respecto a las acciones de las multinacionales. Los casos son vistos por un jurado compuesto por un grupo de expertos europeos y americanos en derecho internacional, sociología, economía y relaciones laborales.
Repsol es acusada por organizaciones sociales de Argentina, Bolivia y Ecuador de contaminar, reducir áreas naturales y contraer contratos ilegales, además de no cumplir con los niveles de inversión comprometidos. Unión Fenosa tiene denuncias de México, Colombia, Nicaragua y Guatemala por no responsabilizarse de los impactos sociales y ambientales de sus obras y por la falta de inversión en las redes eléctricas y en alumbrado público que gestiona.
Las empresas Aguas de Barcelona y FCC son culpadas de ofrecer agua sin condiciones de potabilidad, a precios excluyentes y sin cumplir sus compromisos contractuales de extensión de las redes de servicios en México y Colombia.
El Banco de Santander responderá por la financiación de grandes proyectos hidroeléctricos en Brasil que, según el TPP, implican la expulsión de miles de personas de sus hogares, la pérdida de biodiversidad y una amenaza para la soberanía alimentaria. Sobre el BBVA pesan acusaciones que van desde la compra de voluntades políticas en Perú, al lavado de dinero del narcotráfico en México y Colombia o la financiación de proyectos destructivos con el medio ambiente en Uruguay y Ecuador.
El Tribunal Permanente de los Pueblos fue constituido en 1979 en Italia, después del éxito del tribunal dirigido por el premio Nobel Bertrand Russell a principios de los años 70 para juzgar los crímenes cometidos por los EE.UU en la guerra de Vietnam.
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